¿Por qué los femicidios no le importan a (casi) nadie?

El femicidio de Agostina Vega irrumpe apenas unos días antes de que se cumplieran quince años de la primera movilización de Ni Una Menos, aquella convocatoria que transformó la indignación colectiva frente a los asesinatos de mujeres en un movimiento social capaz de modificar la agenda pública, política y mediática de la Argentina.

Para nuestro país, aquel 3 de junio de 2015 marcó un punto de inflexión. La irrupción masiva de los feminismos permitió nombrar aquello que durante décadas había permanecido naturalizado: a las mujeres no nos matan por "crímenes pasionales"; somos asesinadas por razones de género. La potencia política de esa movilización logró desplazar la violencia machista del ámbito privado hacia el espacio de lo público, convirtiéndola en un problema social y político.

Sin embargo, quince años después, las desigualdades estructurales permanecen. Las mujeres seguimos ganando menos por el mismo trabajo, soportamos una violencia estética que nos obliga a destinar tiempo, dinero y energía para volver nuestros cuerpos aceptables para la escena pública, y continuamos encontrando enormes dificultades para disputar los sentidos desde los espacios donde se produce el poder. La lógica patriarcal que organiza la escena pública limita la presencia de mujeres feministas en los lugares donde se toman las decisiones políticas, económicas, judiciales y mediáticas. Esa ausencia no es casual: expresa las dificultades que todavía existen para disputar el sentido común desde los ámbitos donde se construye la legitimidad social. Ya sabemos que las consignas, por sí solas, no alcanzan. El desafío consiste en hackear las formas en que se produce el sentido común, desmontar las pedagogías de las masculinidades violentas y dejar de pensar los femicidios como un problema de las víctimas para asumirlos como un problema de toda la sociedad.

Durante estos quince años hubo transformaciones profundas. Se sancionaron leyes, se crearon organismos especializados, se fortalecieron programas de asistencia para mujeres en situación de violencia y se consolidó una producción de datos que permitió comprender la dimensión estructural del problema. También cambiaron los lenguajes, las representaciones y las formas de narrar estos crímenes. Más tarde, muchas de esas políticas fueron reducidas o directamente desmanteladas, en un contexto en el que el propio concepto de violencia de género volvió a ser cuestionado desde distintos espacios políticos.

Ese desmantelamiento no puede comprenderse únicamente como una decisión de gobierno. También expresa una forma histórica de construir el problema. Durante décadas, las violencias contra las mujeres y las diversidades sexuales fueron narradas como conflictos privados, problemas individuales o episodios excepcionales protagonizados por sujetos desviados o monstruosos. Esa forma de contar la violencia produjo un efecto político decisivo: convirtió al femicida en una anomalía y ocultó las tramas culturales que hacen posible estos crímenes. Hoy, a esa operación se suma una circulación permanente de discursos que desacreditan las políticas de género, ridiculizan los feminismos y presentan los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales como privilegios indebidos. Esa propaganda, repetida hasta convertirse en sentido común, erosiona la capacidad de conmovernos y también la de movilizarnos. Entonces, cuando ocurre un nuevo femicidio, ya no solo falla la prevención o la respuesta estatal: también aparece una sociedad menos dispuesta a indignarse. La indiferencia se expande. La justicia llega tarde, las instituciones reaccionan con lentitud y una parte de la comunidad observa el horror como si se tratara de un episodio aislado, cuando en realidad es la expresión más extrema de una violencia profundamente estructural.

El asesinato de Agostina Vega vuelve a colocar esa evidencia frente a nosotros

Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2025 se registraron 200 femicidios directos. Para 2026 todavía no se encuentran consolidados los datos oficiales. Por esa razón, el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, que releva los casos publicados por los medios de comunicación, registró 119 víctimas entre el 1.º de enero y el 29 de junio de este año. En otras palabras: en Argentina una mujer es asesinada por razones de género aproximadamente cada 36 horas.

Las estadísticas muestran un leve descenso respecto de años anteriores en la Provincia de Buenos Aires. Ese dato resulta relevante porque evidencia que las políticas públicas de prevención, acompañamiento y protección pueden producir efectos concretos. Pero también revela el límite de cualquier lectura optimista. Resulta difícil celebrar una reducción estadística cuando el saldo continúa siendo cientos de mujeres asesinadas cada año. La pregunta no debería ser solamente por qué bajaron los femicidios, sino por qué siguen ocurriendo.

El caso de Agostina permite además observar otras persistencias menos visibles.

Su desaparición coincidió con una jornada de enorme impacto deportivo en Córdoba: la final que consagró campeón a Belgrano por primera vez. No se trata de establecer una relación causal entre ambos hechos, sino de preguntarnos cómo se organizan las prioridades sociales y mediáticas. Mientras una provincia celebraba un acontecimiento histórico, una adolescente era buscada desesperadamente por su familia. Las agendas mediáticas, institucionales y policiales nunca son neutrales: establecen prioridades y distribuyen recursos simbólicos y materiales.

La cobertura periodística posterior volvió a poner en evidencia viejos problemas que parecían superados. Algunos medios privilegiaron aspectos completamente irrelevantes para comprender el crimen, como la cantidad de perfiles de Instagram que utilizaba Agostina, e incluso incurrieron en errores elementales como escribir incorrectamente su apellido. El foco volvió a desplazarse desde el agresor hacia la vida privada de la víctima, reproduciendo un mecanismo conocido: interrogar las conductas de las mujeres antes que las responsabilidades de quienes ejercen la violencia.

No se trata únicamente de malas prácticas periodísticas. Es una forma de construir sentido. Cada vez que una cobertura enfatiza cómo vestía una víctima, con quién hablaba, cuántas cuentas tenía en redes sociales o qué decisiones había tomado, se reinstala una sospecha permanente sobre las mujeres asesinadas. Como si hubiera algo en ellas que necesitara ser explicado antes que el crimen mismo. En el caso de Agostina, esos cuestionamientos también se trasladaron a su madre, a los permisos que le otorgaba y a la sospecha sobre su cuidado.

La investigación judicial también volvió a mostrar otra constante de muchos femicidios: las complicidades, los encubrimientos y los pactos de silencio. Lejos de la imagen del agresor aislado, numerosos casos revelan redes familiares, sociales o afectivas que colaboran ocultando pruebas, demorando información o dificultando el esclarecimiento de los hechos. El femicidio rara vez constituye un acto completamente individual; muchas veces se sostiene sobre silencios compartidos.

Quizá la pregunta más difícil sea otra.

Durante años discutimos el lenguaje inclusivo, los protocolos, las políticas públicas, las campañas de prevención, la Educación Sexual Integral y las reformas institucionales. Todas esas discusiones fueron necesarias. Muchas siguen siéndolo. Pero todavía sabemos muy poco sobre cómo se desarma una masculinidad que llega a considerar posible el asesinato de una mujer.

¿Cómo se construye un varón que entiende el rechazo como una humillación? ¿Qué aprendizajes convierten el control en una forma de amor? ¿Qué vínculos, discursos y modelos culturales legitiman la idea de que una mujer puede ser poseída o eliminada cuando deja de obedecer?

El desafío quizás ya no consista únicamente en asistir a las víctimas, sino también en intervenir mucho antes: allí donde comienzan a formarse las subjetividades, en las familias, las escuelas, los grupos de pares, los clubes, las redes sociales y, de manera decisiva, en los medios de comunicación.

Quince años después de Ni Una Menos sabemos mucho más sobre los femicidios. Tenemos mejores datos, mejores herramientas jurídicas y una mayor conciencia social. Pero el asesinato de Agostina Vega demuestra que el problema continúa siendo profundamente cultural.

Tal vez la tarea pendiente ya no sea únicamente producir mejores estadísticas, fortalecer las políticas públicas o mejorar las respuestas judiciales. Todo eso sigue siendo imprescindible. También necesitamos disputar el modo en que una sociedad aprende a mirar estos crímenes. Porque los femicidios no empiezan cuando un hombre mata. Empiezan mucho antes, cuando una cultura produce las condiciones para que esa violencia resulte imaginable, justificable o incluso invisible. Esa disputa es, también, una tarea de la comunicación. Solo entonces dejaremos de preguntarnos por qué los femicidios no le importan a casi nadie para empezar a transformar las condiciones que hacen posible esa indiferencia.

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